Corte Suprema de Chile: No se puede prohibir asistir a misa de manera presencial

En enero de 2021, el Ministerio de Salud de Chile aprobó la Resolución Exenta N.43, la que dispone medidas sanitarias por brote de Covid-19 y establece el nuevo plan «Paso a Paso». Esta resolución, entre otras cosas, ordena la prohibición de celebrar y asistir a “eventos con público en que los asistentes tienen ubicación fija” en comunas bajo la categoría de “cuarentena” y “transición”.

Del texto de la norma, se desprende la prohibición de las celebraciones de culto presenciales, incluida la santa misa. Frente a estas medidas, alegando restricciones arbitrarias al derecho a la libertad religiosa, la Corporación Comunidad y Justicia presentó alrededor de 15 recursos de protección en contra del Ministro de Salud en diversas cortes de apelaciones en el país.

El pasado 8 de marzo, la Corte de Apelaciones de Arica rechazó uno de los recursos, alegando que la libertad de culto puede limitarse cuando resulta necesario o indispensable proteger la salud pública. En ese sentido, señaló que la normativa no constituía una actuación que debía ser corregida.

No obstante, esta resolución fue revocada por la Tercera Sala de la Corte Suprema. En el fallo, la Corte declaró que le asiste al recurrente «el derecho fundamental que le posibilita concurrir al culto dominical presencial, debiendo la autoridad respectiva establecer un sistema de permisos para tal fin, que le permita desplazarse con este objeto, debiendo en la ceremonia religiosa respectiva cumplirse los aforos máximos determinados por la autoridad con motivaciones sanitarias (…)»

Entre los argumentos sostenidos por los miembros de la Sala, se señala que la misa dominical presencial está indisolublemente ligada a la manifestación de las convicciones religiosas más profundas de los católicos. Así mismo, reconocen que la posibilidad de participar presencialmente en la misa dominical no puede estar suspendida. En todo caso, la restricción se puede generar a la luz de la cantidad máxima de personas que concurran al momento de su servicio, es decir: el aforo. Con lo cual, respetándose este aforo máximo el derecho se puede ejercer sin otra restricción.

La decisión de la Sala sienta un precedente de suma importancia en el país y es conforme con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual señala que se permite limitar la libertad de manifestar la religión o las creencias con el fin de proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás, siempre que tales limitaciones estén prescritas por la ley y sean estrictamente necesarias.

Es decir, no se pueden imponer limitaciones por propósitos discriminatorios ni se podrán aplicar de manera discriminatoria.

Por otro lado, este pacto también señala que excepcionalmente, un estado puede suspender las obligaciones contraídas respecto de algunos derechos. Pero aun en estas circunstancias, por ejemplo, cuando un gobierno declara estado de excepción, es decir cuando es legítimo que un gobierno suspenda o limite el ejercicio de determinados derechos constitucionales, no se autoriza la suspensión del derecho de pensamiento, conciencia y de religión.

Bajo el argumento de evitar la propagación del virus y resguardar la salud pública, la mayoría de los países en América Latina prohibió los servicios religiosos. Sin embargo y de manera paradójica, la premisa de evitar aglomeraciones para prevenir el contagio no aplicó de la misma manera a todos los sectores.

En más de un país de América Latina, la discrecionalidad de las autoridades para la autorización de ciertas actividades se ha inclinado a los beneficios económicos y materiales, a aquello tangible. Lamentablemente la dimensión religiosa de la ciudadanía no ha sido atendida de la misma manera ya que en muchos países siguen sin permitirse actividades de culto a pesar de que la denominación religiosa en cuestión cuente con protocolos de seguridad.

La sentencia en cuestión puede iniciar la reversión de esta tendencia y abrir las puertas para la debida protección al derecho a la libertad religiosa en tiempos de pandemia. Esperemos que no sólo en Chile, sino también en la región.

El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina es un programa de la Fundación Plataforma para la Transformación Social, una organización sin fines de lucro registrada en Voorburg, Países Bajos, bajo el No. 50264249 en la Cámara de Comercio.

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