Denuncian cristianos extorsión del crimen

Grupos del crimen organizado cobran derecho de piso y amenazan a iglesias cristianas que hacen labores de altruismo a favor de los jóvenes mexicanos, denunció ante el Congreso de los Estados Unidos la organización internacional Open Doors (Puertas Abiertas).

Dennis P. Petri, quien presentó el informe en septiembre de 2015, expuso que iglesias cristianas (evangélicas o católicas) se vuelven blanco de la delincuencia cuando su comportamiento constituye una amenaza directa a las operaciones de grupos delictivos (versión en español aquí).

El especialista en libertad religiosa por la Universidad VU de Amsterdam aseguró que la administración de centros de rehabilitación es la iniciativa más afectada.

«Cuando grupos religiosos organizan actividades para jóvenes, para evitar que se involucren en el crimen organizado, sobre todo en el norte y noreste del país, se presentan los casos de intimidación», dijo el 17 de noviembre al participar en el foro Tolerancia y Religión en la Cámara de Diputados de México.

El informe describe que la presencia del cártel de Sinaloa y los Zetas ha generado caos y violencia en algunas zonas del país, sobre todo en entidades como Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán.

El escrito titulado Desafíos a la Libertad Religiosa en América: testimonio ante el Subcomité en el Hemisferio Occidental, Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, se denuncia que el cobro de derecho de piso es un fenómeno masivo en las iglesias.

«Las iglesias son vistas como centros de ingresos por parte del crimen organizado, ya que son consideradas por tener una gran cantidad de recursos financieros. Esto sólo es cierto para las iglesias más grandes, pero hace que todas las iglesias sean vulnerables a la extorsión y secuestro por rescate».

Al entrevistar a feligreses, expone el documento, se observó que la extorsión a templos religiosos es, por ahora, la amenaza más significativa en algunas zonas del país, pero es difícil evaluar el alcance porque la mayoría de afectados no denuncian.

«Las organizaciones criminales hacen todo tipo de amenazas, incluyendo el secuestro de miembros de la familia si la entidad extorsionada se niega a pagar. Las víctimas no siempre pueden informar las amenazas, porque no hay seguridad jurídica y porque la propia policía es corrupta», detalla el documento.

Hay iglesias que han cerrado por órdenes de carteles de la droga por no pagar derecho de piso y actividades evangelísticas están restringidas en zonas del país.

En el reporte se denuncia que el derecho que se viola es la libertad de asociación, que es un elemento intrínseco de la libertad de religión.

«Hay informes de personas que tienen prohibido asistir a los servicios religiosos o tienen la obligación de informar a los cárteles de la droga cada vez que se visita una iglesia.»

«Los miembros del cártel que se convierten al cristianismo y en consecuencia abandonan la delincuencia corren el riesgo de ser asesinados», se afirma.

También, se detalla que dentro de las iglesias existe una sofisticada vigilancia y supervisión de criminales que analizan el contenido de los sermones.

Por ello, hablar desde el púlpito de temas como la injusticia, violencia, el consumo de drogas, tráfico de drogas, corrupción o el crimen organizado es extremadamente peligroso y puede dar lugar a intimidación a líderes religiosos.

Algunas amenazas pueden ser palizas, ataques a las casas de los líderes o incluso asesinatos.

La violencia ha provocado que algunas iglesias han interrumpido reuniones masivas por el riesgo de ser atacadas y en muchas áreas se decidió no organizar servicios religiosos durante la noche. «Estas restricciones son una forma de ‘toque de queda autoimpuesto’, reduciendo significativamente la expresión religiosa en la vida de la iglesia», denuncia el documento.

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