Servicios religiosos siguen restringidos en Perú en medio del Estado de Emergencia

En medio de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno peruano para afrontar el COVID-19 se ha decretado el estado de emergencia, por el cual se encuentran restringidos el derecho de reunión y el derecho de tránsito de todos los ciudadanos. Rossana Muga Gonzáles, abogada peruana, informó al Observatorio sobre la situación de la Iglesia en este contexto:

Medidas como el aislamiento social y la inmovilización social obligatoria exigen a los ciudadanos a circular por las calles previa autorización y/o prohíben la circulación absoluta en determinadas horas, con excepción de quienes realicen o hagan posible las actividades esenciales permitidas.

Entre estas actividades esenciales, el gobierno considera la industria alimentaria, farmacéutica y de bienes de primera necesidad, centros de salud, bancos, farmacias, medios de comunicación, entre otros. Todos estos rubros tienen un impacto directo en la economía/salud de la población y se permiten siempre que se sigan los protocolos de seguridad necesarios.

No obstante,  la libertad de culto, en su aspecto colectivo en conexión con el derecho a la reunión, no está considerada como un servicio o actividad esencial. Es decir, la consideración sobre la esencialidad o no, parece filtrarse desde el punto de vista económico pero no desde una mirada sobre la integralidad e interpendencia de los derechos humanos, más aún considerando que la libertad de religión o de culto es un derecho humano de primera categoría.

Así, ya en la segunda fase de la reactivación económica aún con el mantenimiento de la cuarentena y pese a la propuesta de la Iglesia por la implementación de protocolos sanitarios acordes a la situación de emergencia, siguen prohibiéndose las actividades religiosas, dándose más importancia a los beneficios económicos de ciertas actividades, como la práctica de deportes grupales como el fútbol y algunas actividades culturales, que a la garantía del derecho a la libertad religiosa a través de la reanudación de las reuniones en los templos para participar de alguna actividad religiosa.

De conformidad con la Constitución Peruana y con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Peruano, este derecho no puede ser restringido ni suspendido durante el estado de emergencia. Si bien el objetivo fundamental es resguardar la salud de la población evitando el contagio, cabe resaltar que la realización de celebraciones o actividades religiosas que permitan el culto pueden llevarse a cabo como cualquier otra actividad siempre que existan protocolos claros de seguridad sanitaria.

Más aún, teniendo en cuenta que el pueblo peruano es mayoritariamente cristiano y uno de los catalogados como más fervientes del mundo, justamente porque es muy notoria la participación social en las actividades religiosas.

Así, la atención espiritual de acuerdo a las creencias religiosas forman parte del contenido del derecho humano a la libertad religiosa y debe garantizarse a todos los ciudadanos, mínimamente con acciones de no-intromisión o no-interferencia. Sin embargo, y a diferencia de diversos países en la región en los que las actividades religiosas que involucran la reunión de personas, sí se permiten bajo ciertas condiciones; el gobierno peruano aún no ha formulado ningún avance concreto al respecto.

Es de vital importancia que en una situación de emergencia, como la que se vive en la Región, todos los Estados continúen con su labor protectora y garantista de todos los derechos humanos, no solo de aquellos que bajo su mirada subjetiva son o no más importantes.

Y en consecuencia, se deben entablar acciones de diálogo con la Iglesia -en este caso- para formular los protocolos sanitarios necesarios que permitan a los creyentes manifestar su fe y recibir la atención espiritual que necesitan.

Sobre todo, en una época en la que es importante contar con todas las herramimentas que permitan a las familias e individuos afrontar los efectos de la crisis y no se puede ignorar que las manifestaciones de fe y el fortalecimiento de la misma ha generado un impacto positivo tanto de los enfermos de COVID-19 como en la población en general.

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