Juez colombiano enfrenta denuncia de prevaricato por acogerse a su derecho a la objeción de conciencia

Claudia Carrión comparte un comentario respecto a las denuncias de prevaricato que enfrenta un juez Colombiano por haberse negado a aceptar la solicitud de matrimonio civil de una pareja del mismo sexo:

«En Cartagena, Colombia, el juez Ramiro Eliseo Flores Torres, se negó a casar a una pareja de mujeres porque, de acuerdo con su testimonio, hacerlo iría en contra de su moral cristiana y de sus convicciones. La comunidad LGTBI consideró ofensiva y discriminatoria la actitud del juez.

Es importante tener en cuenta que en el año 2016, la Corte Constitucional colombiana declaró la validez de los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo ante un juez o notario mediante la sentencia SU-214, basado además en la sentencia C-577 del año 2011.

El marco normativo que brinda validez jurídica al matrimonio entre personas del mismo sexo genera dudas en su aplicación y ha causado que distintos jueces no sigan los criterios jurisprudenciales, como es el caso del juez Flores. Aunque, en su caso él claramente expone que sus motivaciones para negarse a celebrar el matrimonio fueron sus convicciones morales y religiosas.

El juez se acogió a su derecho a la objeción de conciencia, el cual implica la negativa a acatar órdenes o leyes o a realizar actos o servicios por atentar contra las propias convicciones, las cuales incluyen motivos éticos o religiosos.

Este es un derecho fundamental atribuible a todo ciudadano, incluidos jueces y notarios en el ejercicio de sus funciones, ya que tienen derecho a oponerse a la realización de cualquier deber jurídico cuando su cumplimiento entra en conflicto con sus convicciones o creencias.

La falta de comprensión del alcance del derecho a la objeción de conciencia y la posibilidad de que las creencias religiosas individuales sean protegidas a tal punto que impidan que un funcionario del Estado se oponga a realizar un acto que contradice dichas creencias, ha generado fuertes críticas sociales y políticas, que incluso alegan la violación de la laicidad del Estado, además de las acusaciones de discriminación.

Así, incluso el Senador Roy Barreras publicó en Twitter: “#moralcristianaes es una decisión absolutamente individual que NO puede imponerse como dogma a todos los demás y menos por parte de una autoridad civil. El Juez 10 civil de Cartagena es un peligro para la sociedad porque atropella derechos de las minorías y además abusa de Dios.” “Juez que en sentencia desconoce la Constitución para imponer su deformada visión religiosa no es un juez sino un inquisidor del medioevo. Lo demandé penal y disciplinariamente para sacarlo del cargo antes de que decida condenar a alguien a la hoguera o apedrear a la mujer infiel.

Anunciando, de esta manera, que con su demanda busca que se sancione al juez en la vía penal, como si hubiera cometido un delito; y, disciplinariamente, por un presunto incumplimiento de sus funciones.

Esta situación es preocupante porque más allá de la polémica generada al respecto, es importante que, en cualquier Estado de Derecho, se respeten las garantías fundamentales, incluido el derecho a la objeción de conciencia, sin que las convicciones religiosas de los ciudadanos sean vistas como un obstáculo a eliminar o como una actitud reprochable que pueda dar lugar a una sentencia de cárcel o una sanción de destitución del cargo.»

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