La disímil protección penal de la libertad religiosa en Perú y Uruguay

Daniel Stefano Salazar Urbina, pasante del Observatorio, realiza una breve comparación sobre la normativa penal que ampara la protección del derecho a la libertad religiosa en Perú y Uruguay:

«Si bien Perú y Uruguay esquematizaron sus principales obligaciones a través de sus cartas magnas, como por los compromisos asumidos en los instrumentos supranacionales que hubieran suscrito, lo cierto es que estos ordenamientos jurídicos pueden desprender un mayor grado de predictibilidad y seguridad jurídica en la medida que sus legislaciones específicas regulen puntos clave para promover una adecuada vida en sociedad.

Precisamente, uno de los factores determinantes para alcanzar una vida en armonía es la protección de todo ciudadano frente a comportamientos que puedan vulnerar el propio ejercicio del derecho a la libertad religiosa y sus múltiples dimensiones, mediante preceptos estipulados en el código penal o dispositivos conexos.

En ese sentido, Uruguay, en su código penal de 1933, sancionó diferentes disposiciones concernientes al resguardo de afectaciones contra la libertad religiosa.

Ejemplo de ello es el artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas), el artículo 149-TER (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas), el artículo 304° (Ofensa al culto por el impedimento o la perturbación de la ceremonia), el artículo 305° (Ofensa al culto por el ultraje de los lugares o de los objetos a él destinados), el artículo 306° (Ofensa al culto por el ultraje público a las personas que lo profesan o a los ministros del culto), el artículo 307° (Vilipendio de cadáveres o de sus cenizas), el artículo 308° (Vilipendio de sepulcros, urnas y cosas destinadas al culto de los  muertos) y el artículo 309° (Substracción de cadáveres o de restos humanos sin propósito de vilipendio).

En contraste, en el Perú, en su código penal de 1991, sólo encontramos el artículo 323° (discriminación e incitación a la discriminación) como la única herramienta que puede servir de fundamento, en la actualidad, para tratar de reprimir los comportamientos que puedan contravenir la libertad religiosa del ciudadano (como puede observarse, el mecanismo es muy genérico a comparación del carácter explícito de su símil estatal uruguayo).

Vale comentar, que durante el 2018 se impulsó el proyecto de ley N° 2450 a través del cual se pretendió, justamente, incorporar reglas específicas para la salvaguarda de transgresiones contra la libertad de culto o los lugares en donde la misma se manifieste. No obstante, dicha iniciativa legislativa no llegó a prosperar.

Como podemos ver, la protección penal de Uruguay y el Perú es disímil en la estructuración de un rol garantista respecto a posibles atentados contra el derecho a la libertad religiosa.

Si tenemos presente la aspiración del Perú de instituirse como uno de los principales defensores de los derechos humanos en el continente, tal marco jurídico dispone de una agenda pendiente relativa a la configuración de alcances más explícitos para la protección del citado derecho a la libertad religiosa y derechos conexos.»

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