Nicaragua: Ley de regulación de agentes extranjeros

La constante violación a los derechos humanos y la impunidad continúan siendo una constante en Nicaragua; los derechos y libertades fundamentales son vulnerados desde el mismo gobierno.

Lamentablemente y pese a que la constitución del país establece el principio de independencia entre los distintos órganos del gobierno: Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el actual presidente José Daniel Ortega Saavedra, de la mano con el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha llevado a cabo acciones que han debilitado la institucionalidad y el estado de derecho.

Como parte de estas acciones, recientemente se aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. El objeto de la misma es «establecer el marco jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y extremos de Nicaragua, atentando contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país»

Es decir, exige a las entidades que operan en Nicaragua bajo orden o supervisión de un organismo externo registrarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación y reportar mensualmente sus movimientos financieros.

Establece que los agentes extranjeros deben proporcionar datos de identificación del o los gobiernos extranjeros, partidos y entidades vinculadas. Así mismo indica que los agentes en cuestión deben abstenerse – bajo pena de sanciones legales – de intervenir en actividades de política interna y externa y tampoco podrán financiar o promover el financiamiento de cualquier organización, partido o coalición que desarrollen actividades políticas internas en el país.

Considerando que el país se encuentra a puertas de iniciar un año electoral, este tipo de normas limitarían el financiamiento de organizaciones cuyas actividades sean o estén relacionadas con la oposición.

Por otro lado, si bien una de las excepciones de la norma incluyen a las personas jurídicas de carácter religioso, que están debidamente inscritas ante el Ministerio de Gobernación, la misma ley puntualiza que esta excepción no es válida en tanto las actividades realizadas deriven en injerencia en los asuntos internos y externos de Nicargua.

En otras palabras, si las organizaciones religiosas realizan algún tipo de activismo que el gobierno considere contrario a sus intereses, podría ser sancionado con multas y/o la cancelación de su personería jurídica y la intervención de sus bienes, además de las sanciones penales correspondientes.

La Iglesia Católica, a pesar de tener un estatus jurídico especial, ha expresado que esto podría poner en riesgo las donaciones que recibe la Organización Cáritas de Nicaragua. Sin mencionar las trabas que implicaría  para el financiamiento de otras organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos, asistencia humanitaria y afines.

*Esta nota se realizó en colaboración con Miguel Ángel Londoño Ramírez, estudiante de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales y pasante del Observatorio.

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