En Santiago del Estero alrededor de 30 evangélicos fueron detenidos por haber infringido las restriciones de reunión impuestas para evitar la transmisión del COVID-19. En Salta, el Obispo de la Diócesis de Orán fue denunciado bajo los cargos de propagar enfermedades e incumplir normas sanitarias vigentes, por organizar la salida de la imagen de un santo a las calles.
En Bolivia, el alcalde del poblado de Patacamaya fue detenido también bajo los cargos de atentado contra la salud pública, peligro de estragos e incumplimiento de deberes por permitir una fiesta religiosa de cinco días.
Son las autoridades las que luego de la investigación correspondiente determinarán si las actividades religiosas señaladas incumplieron o no las normas sanitarias.
No obstante, llama la atención que hasta el momento, en muchos países de la región, las actividades religiosas siguen sin ser consideradas actividades esenciales o necesarias.
Si bien las medidas de prevención deben ser cumplidas por todos los sectores de la población – incluído el sector religioso – el impedimento del desarrollo de los servicios o actividades religiosas aun si se cumplen protocolos de seguridad, dejan de tener sentido en cuanto se permiten sin mayor reflexión otro tipo de actividades relacionadas con entretenimiento, deportes o con actividades económicas-financieras, que por sí mismas también pueden poner en riesgo la protección de la salud pública.