Servicios religiosos se permiten de manera paulatina en Perú

Daniel Stefano Salazar Urbina comparte algunos comentarios sobre la reciente regulación de las actividades religiosas en Perú:

«El 22 de octubre del presente año se publicó el Decreto Supremo N°170-2020-PCM (D.S, en adelante), el cual estableció diversas medidas en torno al curso de la nueva convivencia social originada por el Estado de Emergencia dictado en el país con motivo de la Covid-19.

Sin perjuicio de ubicar disposiciones de connotado interés nacional (uso de playas, transporte nacional e internacional, práctica de actividades deportivas y los límites a la libertad de tránsito), queremos detenernos a analizar lo que estableció este D.S sobre el ejercicio de actividades religiosas.

El artículo 5 de este D.S determinó, a partir del lunes 02 de noviembre del año en curso, que las entidades religiosas permitan a los fieles, miembros y público en general, el acceso a sus templos y lugares de culto.

Este permiso se encuentra condicionado a lo siguiente: i) el aforo permitido no puede ser mayor a 1/3 de la capacidad del recinto religioso, ii) solamente pueden practicarse ritos y actividades religiosas y con relevancia para el ente religioso (bautizos, matrimonios y servicios funerarios en tanto la causa del deceso no se encuentre vinculada al Covid-19) y iii) deben cumplirse los protocolos sanitarios emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional, así como el resto de disposiciones vigentes en el marco del actual Estado de Emergencia Nacional.

Cabe resaltar que esta disposición tuvo como antecedente al Informe Nº 012-2020-DPROM-DGIESP/MINSA, emitido por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, en el cual se proponía el reinicio de las actividades religiosas.

Por un lado,  hemos de manifestar nuestra conformidad con la norma emitida para la restauración del ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Ello, porque la misma denota una aspiración del gobierno de intentar normalizar la puesta en práctica de este derecho humano a través de ciertas formas de materialización (bautizos y matrimonios, por ejemplo), respetándose, claro está, los protocolos sanitarios para evitar mayores contagios del virus entre los ciudadanos.

Sin embargo, no sería irrazonable que a este D.S pueda planteársele dos objeciones.

La primera se vincula a que este permiso de reapertura gradual de las iglesias y templos se lleve a cabo luego de haber transcurrido varios meses de dictado el Estado de Emergencia cuando en otros países –El Salvador, por ejemplo- se viabilizó llevar a cabo actividades de índole religiosa desde el inicio del Estado de Emergencia en tal país (siempre y cuando se adopten los protocolos sanitarios adoptados por la autoridad estatal).

Si a ello se adiciona que durante el lapso de tiempo anterior al D.S, cuando se efectuaban cultos y ritos religiosos de forma secreta y eran detectados por las autoridades, se procedía con la emisión de sanciones respectivas, puede resultar polémico este actuar gubernamental tardío.

La segunda se vincula al rango de extensión de la norma. El D.S acoge llevar a cabo ‘’actividades religiosas excepcionales’’ pero excluye de su ámbito de aplicación a las ‘’actividades religiosas no excepcionales’’, esto es, misas y cultos de carácter regular.

Si bien la explicación a este razonamiento puede ubicarse en pretender evitar mayores contagios de Covid-19, hubiera sido recomendable dejar constancia en un párrafo aparte de la norma que se condicionaría la realización de estas «actividades religiosas no excepcionales» a la verificación de los resultados que desprenda la medida inicial, en tanto se advierta la no propagación de mayores contagios y el efectivo acatamiento a los protocolos sanitarios dictaminados por la autoridad competente.

El goce del derecho a la libertad religiosa es sumamente fundamental para el curso de toda vida en sociedad. El contexto vivido por el Covid-19 no puede calificar como un impedimento para obstaculizar, de forma definitiva, su ejercicio. Si un Estado adopta medidas para garantizar este derecho en tanto se adecúen a los protocolos sanitarios pertinentes así como a su realidad específica, será válido afirmar que tal aparto gubernamental conserva su posición de garante del derecho a la libertad religiosa aún en el marco afrontado por un fenómeno complejo, como lo es el Covid-19.»

Cabe añadir que a pesar de lo señalado en el D.S., la Conferencia Episcopal Peruana – CEP, ha brindado  a cada Obispo la potestad para determinar a partir del 02 de noviembre, el inicio de la celebración diaria y dominical de la Santa Misa y de los demás Sacramentos, asegurando junto con el respeto a las normas litúrgicas el fiel cumplimiento del “Protocolo para las Actividades Religiosas de la Iglesia Católica en tiempos de Pandemia”.

Consideramos que la respuesta de la CEP se encuadra no sólo en el marco constitucional nacional, sino también en las obligaciones internacionales del Estado peruano, relacionadas con la promoción y garantía del derecho a la libertad religiosa, el cual incluye practicar todos los preceptos de una determinada religión, no sólo aquellos elegidos de manera discrecional por el gobierno. Más aun cuando al hacerlo, la CEP exhorta también el cumplimiento de protocolos que resguarden la salud de los asistentes, tal y como se permite a otras actividades no religiosas en el país.

 

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