El pasado 21 de abril de 2024, mediante Resolución 23/2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó Medidas Cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad personal de once personas del ministerio evangélico “Puerta de la Montaña», quienes sirven como misioneros, pastores evangélicos, y que colaboraron en las cruzadas evangelísticas “Buenas Nuevas Nicaragua”. En 2023, estas cruzadas lograron la movilización de miles de personas en el país, incluyendo un cierre de campaña multitudinario en Plaza La Fe, con la participación de alrededor de 200.000 personas.
En diciembre de 2023, 11 miembros de la iglesia fueron acusados bajo cargos de lavado de dinero en perjuicio del Estado de Nicagarua y se les impuso la medida de prisión preventiva. Adicionalmente, se canceló la personería jurídica de la iglesia y sus bienes fueron embargados. En marzo de 2024, el juzgado de Distrito Penal de Juicio en Managua, dictó sentencia entre 12 y 15 años de prisión y se impuso una multa de 80 millones de dólares a cada uno.
La CIDH ha identificado que no ha sido posible obtener información oficial sobre el proceso a los representantes legales y familiares, no ha sido posible la visita a los detenidos en los centros penitenciarios, y ha expresado preocupación por la falta de atención médica de las personas con padecimientos médicos especiales.
En ese sentido, mediante la resolución se solicitó al gobierno de Nicaragua que se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias; y que se adopten las medidas necesarias para asegurar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.
No es la primera vez que la CIDH ha brindado medidas cautelares a favor de líderes religiosos en Nicaragua. Recordemos la Resolución 127/18, a favor del sacerdote Edwin Heriberto Roman Calderón y la Resolución 122/18 a favor de Monseñor Silvio José Báez Ortega.
Si bien se han reportado con mayor cobertura casos de represión contra la Iglesia católica, esto no significa la ausencia de presión hacia otras denominaciones religiosas. La situación descrita muestra que los miembros de la Iglesia Evangélica también son blanco de hostilidades y presiones en tanto sean considerados un riesgo para la influencia del gobierno.
En este escenario, los comunicados emitidos recientemente por diferentes líderes evangélicos, en los que manifiestan apoyo a las acciones del gobierno y afirman que existe libertad de culto en el país, contradicen las prácticas del gobierno, sin embargo, estas declaraciones podrían ser resultado de presiones y/o temor a represalias.
Imagen: Mountain Gateway
