Desde el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez, han continuado los casos de represión en contra de la Iglesia, líderes religiosos y feligreses en el país:
- Durante Semana Santa, el gobierno prohibió las procesiones y detuvo a quienes salieron a la calle a celebrar los oficios.
- Las monjas trapenses de Nicaragua abandonaron el país de manera voluntaria, aunque en un momento en que el gobierno ejerce intensa presión en contra de las comunidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil y en que la Dirección General de Migración y Extranjería establece nuevos requisitos de permanencia en el país. Aproximadamente dos meses después, el gobierno confiscó la propiedad de las monjas y la entregó al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
- El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la Universidad Juan Pablo II, con sede en Managua y otras cuatro ciudades, la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), con sede en León y otras cinco ciudades y la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua (Ucicam).
- El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de Cáritas Nicaragua y Cáritas Jinotega. De igual manera, canceló la personería de Cáritas Diocesana de León.
- El gobierno de Nicaragua suspendió las relaciones diplomáticas con el Vaticano y pidió a la Santa Sede el cierre de su sede diplomática.
- El sacerdote Donaciano Alarcón fue expulsado del país. La policía orteguista lo abandonó en la frontera por organizar la procesión de Semana Santa frente a su parroquia.
- Olesia Muñóz, ex prisionera política y miembro del coro de la parroquia San Pedro del municipio de Diriá, fue detenida por la policía orteguista.
- El gobierno negó el ingreso al país del pastor Saturnino Cerrato cuando regresaba de El Salvador. El pastor era miembro del Partido Restauración Democrática.
- El gobierno expulsó a tres religiosas de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata.
Los intentos del gobierno de reducir la disidencia han llevado a una represión de la libertad religiosa en general. Al silenciar a los líderes religiosos, las autoridades pretenden socavar una de las pocas instituciones que aun cuentan con gran influencia en el país y que, además, puede lograr un espacio en el que el diálogo y el ejercicio de la democracia y el respeto a los derechos humanos son posibles, en claro contraste con las estrategias antidemocráticas e ilegítimas del gobierno autoritario nicaraguense.
Imagen: EFE
